Prevención y no sólo respuesta a desastres

Los desastres debidos a amenazas naturales tienen efectos cada vez más devastadores en las perspectivas de desarrollo de la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. En los 30 últimos años los desastres en la región han afectado cada año a aproximadamente cuatro millones de personas, causando un promedio de 5.000 muertes al año y daños materiales por un valor de US$3.200 millones, de acuerdo con un informe de “Evaluación de la política y la práctica operativa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) frente a desastres naturales e inesperados”, presentado en 2004 por la Oficina de Evaluación y Supervisión de la entidad.

El costo económico de los desastres va en aumento y en los dos últimos decenios ha superado con creces al crecimiento económico medio. Tradicionalmente, los países han hecho frente a los desastres movilizando recursos como respuesta a un evento. Ello, sin embargo, tiene importantes costos de oportunidad puesto que muchas veces se desvían recursos de otros objetivos de desarrollo previstos. Además, la investigación económica reciente indica que, en el caso de muchos de los países de la región, la capacidad para movilizar recursos internos y externos después de un desastre no será suficiente para sufragar el costo de la recuperación.

A pesar de una creciente toma de conciencia y de progresos recientes, varios de los países miembros prestatarios del Banco se ven muy expuestos a amenazas naturales que ponen en peligro su desarrollo sostenido. Las deficiencias en la planificación y adopción de medidas de mitigación intensifican este riesgo. Cuando la vulnerabilidad es elevada, esas amenazas pueden poner en grave peligro la reducción de la pobreza, el mejoramiento de la equidad social y la promoción del crecimiento económico sostenible.

La política operativa anterior del BID sobre Desastres naturales e inesperados (OP-704, 1998) representaba el primer paso para consolidar el marco de gestión del riesgo en las operaciones del Banco al abordar las medidas ex ante del Banco además de la acción en casos de desastre. El Banco formuló en 2000 un plan de acción (El desafío de los desastres naturales en América Latina y el Caribe) que afinó su marco conceptual en la materia, y en 2001 introdujo un nuevo instrumento de préstamo (la Facilidad Sectorial para la Prevención de Desastres).

Sin embargo, una evaluación del documento OP-704 realizada en 2004 indicó que no iba suficientemente lejos y que las operaciones del Banco se seguían centrando predominantemente en la acción una vez ocurrida una emergencia. Más recientemente el Banco ha creado el Fondo para la Prevención de Desastres y el Fondo Fiduciario Multilateral para la Prevención de Desastres que pueden financiar mediante donaciones el diseño de inversiones en prevención de desastres, la evaluación del riesgo de desastres y la creación de instituciones para la gestión del riesgo de desastres.

La Política operativa de 2007 pondrá al Banco en condiciones de apoyar la gestión proactiva del riesgo de desastres. Una actitud proactiva para reducir el costo de los desastres en la región requiere un planteamiento integral que preste especial atención, más que a la recuperación después del desastre, a las medidas que se han de tomar antes de que una amenaza culmine en un desastre. La Política hace hincapié en la prevención mediante medidas estructurales y no estructurales. El presente documento tiene por objeto describir el contexto y la justificación de la visión estratégica en que se funda dicha política.