Una prueba de desigualdad: discriminación contra mujeres viviendo con VIH en la República Dominicana

Según el informe República Dominicana enfrenta una creciente epidemia de VIH/SIDA que avanza más rápido entre las mujeres que entre los hombres. En este contexto, muchas mujeres sufren violaciones de sus derechos humanos en por lo menos dos frentes importantes: en el lugar de trabajo y al usar los servicios de atención médica prenatal y otros servicios de salud. En el área de la salud, la consejería pre y post prueba es extremadamente insuficiente y los profesionales de salud divulgan los resultados de las pruebas de VIH sin autorización y niegan o retrasan la atención médica a las mujeres viviendo con VIH. En los centros laborales, las trabajadoras viviendo con VIH o son despedidas o simplemente no se les ofrece empleo nunca. Muchas personas viviendo con VIH en la República Dominicana se autoexcluyen de la búsqueda de empleo o dejan de recurrir a los servicios de salud por temor a la estigmatización y el abuso. Debido a que hay mayores probabilidades de que las mujeres estén enteradas de su estatus de VIH, lo anterior les pasa con más frecuencia a ellas. Esto provoca el incremento de la ya inusualmente amplia brecha existente en las cifras de empleo.

El gobierno ha implementado recientemente una serie de medidas que contribuyen a la prevención del VIH/SIDA y por ello merece ser felicitado. Sin embargo no ha sabido tomar en serio la desigualdad y discriminación de la mujer como factor que contribuye a la propagación de la enfermedad y no ha mostrado tener voluntad política para dar remedios a la discriminación generalizada sufrida por las trabajadoras viviendo con VIH o SIDA, ni para establecer mecanismos legítimos e independientes de supervisión que permitan identificar y remediar las violaciones al interior del sistema de salud. La Ley sobre el SIDA contempla sanciones para la divulgación no autorizada de resultados de pruebas de VIH, pero estas sanciones no se aplican pese a lo difundidos que están los abusos.

De acuerdo al documento, se necesita urgentemente una reforma que garantice la esencial consejería pre y post prueba a todas las personas que se someten a la misma, así como la puesta en marcha de estrictas medidas que aseguren la confidencialidad adoptando a la vez una política de tolerancia cero frente a las violaciones de la misma. Si no se implementa una reforma de ese tipo, la incapacidad del gobierno de proteger los derechos de la mujer seguirá contribuyendo a agravar una situación en la que se culpa a las mujeres de traer el VIH a sus relaciones, lo que acarrea con frecuencia desastrosas consecuencias reales para sus vidas y las de sus dependientes.

Este informe se centra en las dos áreas que Human Rights Watch considera vitales. La primera es la discriminación contra la mujer en el lugar de trabajo, en particular a través de pruebas de VIH involuntarias administradas a mujeres que trabajan y que buscan empleo. La investigación demuestra que las mujeres que buscaron empleo en la industria del turismo o en las zonas francas—los dos principales empleadores de mujeres—son obligadas a someterse a pruebas de VIH como condición para acceder al empleo, violándose así su derecho a la no discriminación en el acceso al empleo y en el lugar de trabajo. Ninguno de los mecanismos gubernamentales diseñados para hacer respetar los derechos laborales ha tratado de manera adecuada este abuso, permitiéndose así que los empleadores den curso a sus abusos con impunidad.

La investigación muestra que las normas nacionales sobre consejería y pruebas de VIH se implementan de una manera tal que no se da a la mujer información completa sobre sus derechos y opciones. Se han descubierto varios casos en que los médicos y otros trabajadores del área de la salud tomaban decisiones importantes sobre la vida y salud de la paciente sin consultarle. De esta manera se priva a la mujer de la posibilidad de dar su consentimiento informado para las pruebas y tratamiento posterior y se pierde una herramienta importante para la prevención al no dar a las mujeres el apoyo que necesitan para poder protegerse a sí mismas, a sus parejas sexuales y a sus hijos de la infección del VIH en el futuro. El resultado neto es la perpetuación de las violaciones de los derechos de las mujeres.

El presente informe se basa en entrevistas a mujeres viviendo con VIH realizadas en enero del 2004 en Santo Domingo, La Romana, San Pedro de Macorís, Santiago y Puerto Plata en la República Dominicana. Además, Human Rights Watch encuestó brevemente a algunas mujeres y hombres que trabajan en la industria hotelera y en fábricas de las zonas francas en Puerto Plata y Playa Dorada en la costa norte. También nos entrevistamos con funcionarios gubernamentales, agencias de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales (ONGs), trabajadores públicos del sector salud y actores relevantes del sector privado. Todos los nombres y datos personales de las mujeres viviendo con VIH han sido alterados para proteger su privacidad. Por esta misma razón, algunos datos de otras personas entrevistadas han sido mantenidos en reserva si era necesario.